Por Axel J. Barradas
El lunes 26 de julio del presente año, fuimos testigos de un hecho lamentable acaecido en la persona de cuatro colaboradores de prestigiados medios de comunicación y que impactó igualmente a toda la sociedad mexicana: El secuestro de ese grupo de comunicadores con el propósito de orientar el comportamiento de los medios de comunicación acorde a los deseos y agenda de un grupo de violadores de la ley. Impensable ese estado de cosas en una democracia moderna y en un pleno Estado de Derecho.
Pero ese hecho no es sino la culminación de la larga cadena de agravios que, al menos desde hace una década, ocurren contra periodistas y medios de comunicación y que, entre otros, han venido documentando la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin fronteras, Artículo-19, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, el Comité de Protección de Periodistas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Según datos de esta última institución, en el año 2000 se radicaron 13 expedientes de queja relacionadas con agresiones a los derechos humanos de los periodistas; en 2001, 21; en 2002, 43; en 2003, 29; en 2004, 43; en 2005, 72; en 2006, 74; en 2007, 84; en 2008, 80; en 2009, 83 y en lo que va del presente año, 30. Además, se tienen documentados los casos de 64 homicidios de periodistas del año 2000 a la fecha y la desaparición de 11 comunicadores de 2006 a 2010.
Todo lo anterior no es sino la demostración de la grave crisis de inseguridad que se vive en el país y que permea en todos los ámbitos sociales; y, en el caso particular del periodismo, es también indicativo de que las medidas de prevención y protección adoptadas hasta el momento, entre otras la creación de la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, ahora Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, han resultado insuficientes, en parte porque que la mayoría de los agravios cometidos en contra de comunicadores y medios de comunicación, son más bien competencia de los Estados.
La pronta respuesta federal en el caso de los comunicadores plagiados y la igualmente eficaz detención de sus captores, es la excepción en un país donde la regla se determina por las altas tasas de impunidad, pues según datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), de cada 1,000 delitos cometidos, sólo en 7 se llega a sentencia, lo que equivale a una eficacia del 0.7%. De ahí la necesidad de establecer acciones programáticas y planificadas y no sólo mediáticas o “quirúrgicas”, para atender este problema.
No es posible tolerar la existencia de nuevos censores surgidos del crimen organizado, sin que las autoridades obligadas a vigilar el respeto de los derechos cumplan con su obligación. Estos grupos han impuesto un clima de terror y desaliento en algunos Estados del país estableciendo con el poder de la fuerza los límites del ejercicio de las libertades de expresión e información. Como consecuencia de las amenazas y presiones contra editores y reporteros, algunos medios eluden publicar información relativa al narcotráfico, incluso aquélla surgida de fuentes oficiales, por lo que se ha recurrido a la autocensura para evitar convertirse en víctimas de venganzas y represiones de parte de estos grupos.
Amplio es ahora el espectro de hechos inhibitorios de la libertad de expresión: amenazas e intimidaciones son las agresiones que mayormente sufren los periodistas, ya sea de manera directa por vía telefónica, correo electrónico o personalmente o mediante la vigilancia en domicilios privados y oficinas, espionaje telefónico, allanamiento y robo de materiales; por otra parte, las agresiones son más violentas cada vez, como lo muestran las lesiones, la desaparición forzada de personas, el homicidio y los atentados con granadas de fragmentación a instalaciones de algunos diarios y, ahora, el secuestro.
Todas estas agresiones causan enormes padecimientos individuales, pero también representan una grave restricción a la libertad de expresión, con todo lo que ello implica como limitación al ejercicio de las libertades y derechos de la sociedad en general. Cada vez que un periodista se expone a la violencia, la intimidación o la detención arbitraria en razón de su empeño por dar a conocer la verdad, son todos los ciudadanos los que se ven privados del derecho a informarse.
Por todo lo anterior, es preciso establecer una agenda mínima que pueda sentar las bases para un mejor desempeño del ejercicio periodístico y de las libertades de expresión y de prensa.
Si bien comunicadores y medios pueden generar políticas internas y gremiales para su protección, el Estado no puede renunciar a su obligación de impartir justicia pronta y expedita y garantizar la seguridad pública, pues éstas son funciones que le reserva la Constitución.
Así que, en una primera instancia, habría que seguir insistiendo en la federalización de los delitos cometidos en contra de los periodistas y los medios de comunicación. Y ello no es ocioso considerando que el más alto número de agresiones en contra de comunicadores y medios suceden en el interior de la República y al amparo de las legislaciones locales, donde las más de las veces las autoridades se ven rebasadas para hacer frente a las agresiones que en este rubro promueven y ejecutan las organizaciones criminales.
La propuesta de la Cámara de Diputados para incluir en el Código Penal Federal el delito contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística y que ahora se discute en el Senado, es notoriamente insuficiente, si a la par no se promueve una amplia competencia federal para conocer de este delito, pues de no hacerse así, los casos en que se aplicaría serian verdaderamente excepcionales; prácticamente cuando se tratara de periodistas y medios pertenecientes al gobierno federal.
Entonces, hay que persistir y debatir sobre esta cuestión, sin dejar de lado otras alternativas que también se han puesto en el tapete de la discusión, como la de dar facultades expresas a la Federación para atraer asuntos relevantes del orden común en los casos que la ley prevea, atendiendo a la especial relevancia que esta temática tiene para la consolidación del sistema democrático y el ejercicio de las libertades fundamentales en nuestro país.
De otra parte, es necesario encontrar caminos para articular esfuerzos entre medios, comunicadores, organismos de defensa gremial y de derechos humanos y sociedad civil, unidos en el cometido común de tener mayores garantías para el ejercicio de la libertad de informar.
La Secretaría de Gobernación anunció recientemente que durante los últimos 17 meses el gobierno federal se ha reunido con especialistas del Estado colombiano y organizaciones nacionales e internacionales promotoras de la protección a los periodistas, para concretar una política social en esta materia, que vaya más allá del tema policíaco. Igualmente ha destacado su intención de concretar un plan de acción de defensores en conjunto con organizaciones civiles y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Habría entonces que urgir a la entrega de resultados y a un debate oportuno y serio sobre lo que se proponga en esta cuestión.
Y entre otros aspectos a considerar está el de la implementación de políticas públicas en materia de seguridad social en beneficio de los comunicadores, con el propósito de coadyuvar a mejorar sus condiciones de vida y las de su familia de manera integral, rubro que ha sido poco atendido. Por ello, es necesario normar las medidas y acciones que contribuyan a ello.
Un ejemplo lo encontramos en el estado de Guerrero en donde se expidió la Ley para el bienestar integral de los periodistas de la entidad y otro, en el estado de Coahuila, en donde, además del agravamiento de las penas en contra de quien atente contra la vida de los comunicadores sociales, se adicionó un artículo 6 bis a la Ley de Asistencia Social para el Estado a fin de otorgar pensiones a los deudos del informador que sea asesinado por el desempeño de su trabajo.
En materia de medidas de protección ante las agresiones a periodistas, se debe ponderar las experiencias, como la de Colombia, que sean acorde a nuestra realidad para determinar los niveles de riesgo y grados de amenaza a los periodistas y encontrar medidas eficaces. Una posibilidad a discutir podría ser la creación de un Comité de Evaluación de Riesgos, tomando como ejemplo el existente en ese país, que determine los niveles de riesgo y grados de amenaza a los periodistas y recomiende las medidas de protección a que hubiere lugar.
Insistir, en suma en la conjunción de esfuerzos, pero no dejar languidecer la noble tarea de informar. Bien dijo Francisco Zarco, hace casi 150 años: “La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.
La libertad de expresión es un derecho inalienable de todo ser humano, por lo que una sociedad donde se censura, se limita la expresión de las ideas y la crítica social, representa el retroceso y el autoritarismo que predomina en su sistema de convivencia. La libertad de expresión es (...)
